Los mossos consuman la ruptura con Saura al exigir su dimisión.
El 33% de la plantilla se manifiesta para acusar al 'conseller' de "promover el descrédito del cuerpo"
• El titular de Interior lamenta que los sindicatos no sean los primeros en denunciar los malos tratos
MAYKA NAVARRO / MONTSE MARTÍNEZBARCELONALos Mossos d'Esquadra subieron ayer un peldaño. Dejaron de ser objeto pasivo de la disputa política y pasaron directamente a ser un actor más del fuego cruzado de la política catalana. Unos 4.000 agentes --cifra importante si se recuerda que la plantilla está formada por casi 12.000 policías-- exigieron por las calles del centro de Barcelona la dimisión del conseller de Interior, Joan Saura. Le acusan de haber "facilitado, promovido y permitido el descrédito" del cuerpo de los Mossos d'Esquadra y, en consecuencia, reclamaron, en el manifiesto leído al final de la marcha bajo la ventana del despacho del president José Montilla, "la asunción de las responsabilidades políticas oportunas". Saura no es solo el superior jerárquico de los Mossos d'Esquadra. Es también uno de los tres pilares indispensables para mantener el tripartito de la Generalitat en equilibrio.El desencuentro es mayúsculo. El propio Saura, por la mañana, trató de anticiparse al defender el buen nombre del cuerpo. Destacó el "sobreesfuerzo magnífico" que a diario realizan los agentes, pero el conseller, en último término, no retrocedió en los planteamientos que le echan en cara los mossos. Insistió en que fue correcta la decisión de dar a conocer públicamente lo que para él son malos tratos sufridos por detenidos en la comisaría de Les Corts y trasladarlos a la fiscalía. "Han aparecido hechos que pueden ser manchas, pero de lo que se trata es de que los sindicatos sean los primeros, para salvaguardar la imagen de los Mossos, que no consientan ningún tipo de posible maltrato. Cuando alguien ha llegado a decir que las imágenes que vimos --criticó Saura-- son normales, está haciendo daño al cuerpo, no lo está salvaguardando".PANCARTA DE ENCAPUCHADOSEso fue por la mañana en COM Ràdio. Por la tarde, a las seis en punto, unos 4.000 agentes partieron de la plaza de Catalunya con destino a la de Sant Jaume, previo paso y lectura de manifiesto también por la sede de Interior, en la Via Laietana. "Saura, dimisión". Esa fue una de las consignas más coreadas. Los esfuerzos del conseller por reconciliarse con los agentes cayeron en saco roto. Los manifestantes le acusaron de haber gestionado pésimamente la crisis de los posibles malos tratos en Les Corts y de denunciarlos públicamente antes incluso de investigar a fondo lo sucedido. Fue el blanco principal de las críticas, pero no el único. En la picota pusieron también al director general de la policía, Rafael Olmos, al que invitaron a regresar a su anterior cargo, en Trànsit.También acusaron de sus males a los medios de comunicación. "Determinados ámbitos y algunos sectores mediáticos con sus manifestaciones sistemáticas, nada responsables y poco rigurosas, han devaluado la labor policial, sin considerar las consecuencias en que degeneran sus valoraciones", afirmaba, por ejemplo, otro párrafo del comunicado.La imagen del cuerpo, dicho de otro modo, ha sufrido una profunda mutación con la cadena de acontecimientos de las últimas semanas, pero a esa lista de sucesos habrá que añadir también la protesta de ayer. ¿Por qué? Ya resulta inusual una manifestación de 4.000 o más agentes (el 33% del total), pero más aún por algunas escenas que en ella se pudieron ver. Al pasar frente a un edificio sindical de la Via Laietana, cuatro jóvenes encapuchados desplegaron una enorme pancarta en la que se acusaba a los Mossos de mentirosos. Estuvo un par de minutos desplegada. Varios agentes del servicio de seguridad de la propia manifestación, ataviados con chalecos amarillos, cortaron la pancarta desde una ventana inferior. Fue entonces cuando un grupo de manifestantes comenzó a saltar al grito de "bote, bote, okupa el que no bote".Idénticamente chocante fueron los gritos de ánimo que los policías que participaron en la protesta dirigieron a sus compañeros que estaban de servicio por si había inicidentes con una contramanifestación okupa. "Kubotán, kubotán" y "a por ellos, oé". Esas fueron las consignas.Durante la protesta, pese a todo, los mossos recibieron el calor espontáneo de los transeúntes. La solidaridad más destacada fue la que obtuvieron al pasar frente a la Jefatura Superior de la Policía. Agentes uniformados salieron al balcón y aplaudieron a los policías autonómicos. Fue un gesto especialmente significativo porque procedía de uno de los cuerpos policiales a los que los Mossos d'Esquadra han sustituido en los últimos años en Catalunya.Los logotipos sindicales quedaron prohibidos por acuerdo uná-nime y solo un par de agentes de los 4.000 elaboraron sus propias pancartas con alusiones directas a los periodistas.A pesar de que los manifestantes iban de paisano, muchos buscaron sin éxito a los mandos de la escala superior, comisarios e intendentes, entre la marabunta. La APESME (Associació Professional de l'Escala Superior dels Mossos d'Esquadra) apoyaba la protesta, pero evitó enfrentarse a Interior --sería como mínimo chocante que los máximos mandos policiales fueran contra los mandos políticos-- y elaboró un manifiesto propio en el que ataca a los medios de comunicación. En principio, los mandos de mayor graduación que se manifestaron fueron algunos inspectores."Me siento orgullosa de pertenecer a este cuerpo. Esto ha sido como una bocanada de aire para volver a la calle con la cara bien alta", aseguró Carmen, agente que advirtió que ni uno de los manifestantes aplaudía las malas prácticas. "Quien maltrate que se le juzgue, condene y se eche si es necesario, pero de eso no podemos pasar a que todos maltratamos y volver a escuchar que somos novatos. Garantizamos la seguridad y la gente debe seguir confiando en nosotros", dijo.Al mismo tiempo, un magrebí despistado aprovechó el tumulto frente a la conselleria para introducir con sigilo la mano en el bolsillo de un mosso y robarle la cartera. Lo detuvieron allí mismo.
El preso etarra José Ignacio de Juana Chaos llegó a las 18.23 horas al centro penitenciario de Aranjuez (Madrid) tras recibir este miércoles el alta en el hospital Donostia de San Sebastián en el que permanecía ingresado desde el pasado 1 de marzo.La Dirección General de Instituciones Penitenciarias acordó el ingreso de De Juana Chaos al estimar que ya no está en riesgo su vida y que se trata del centro penitenciario más adecuado para seguir su programa médico de curación.Así consta en un auto dictado este miércoles por el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que avala la decisión adoptada por Prisiones, que supuso el traslado por la mañana de De Juana desde el hospital Donostia de San Sebastián a Aranjuez una vez recibida el alta hospitalaria, y que ha contado también con el visto bueno de la Fiscalía.Esta resolución, contra la que cabe recurso, explica que el reingreso en prisión de De Juana se basa en que aunque se le ha concedido el alta hospitalaria, aún no se le ha otorgado el alta médica, "al persistir los problemas de salud derivados de la huelga de hambre en su día mantenida" durante más de cien días.Mismas razones médicas"Se siguen manteniendo" así, indica el juez e Instituciones Penitenciarias, "las razones médicas y sanitarias" por las que el pasado 1 de marzo De Juana fue clasificado en un segundo grado establecido en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permitió su traslado en prisión atenuada a un centro hospitalario del País Vasco ante el peligro de que falleciera a causa de la huelga de hambre.Sin embargo, ahora, los problemas de salud que aún persisten "si bien le alejan de la completa curación, no tienen la entidad suficiente como para continuar su asistencia en centro hospitalario ajeno a Instituciones Penitenciarias, siendo posible prestar la requerida e imprescindible asistencia médica" en Aranjuez, "que dispone de medios suficientes para ello"."En consecuencia -indica el juez-, el interno sigue clasificado" en ese mismo segundo grado, "pero tras el alta hospitalaria los servicios médicos consideran que puede seguirse el tratamiento en el centro penitenciario" para lo que le han elaborado un plan específico consistente en un tratamiento farmacológico, ejercicios aeróbicos y control de las dolencias actuales por personal sanitario.También se le permitirán salidas al centro hospitalario para revisiones en medicina interna, traumatología, psiquiatría "y otras atenciones especializadas", con lo que de este modo la Administración Penitenciaria cumple su deber legal de "velar por la vida, integridad y salud del interno".Esta decisión se adopta además, insiste el juez, en conformidad con lo decidido el 28 de febrero por Instituciones Penitenciarias -propuesta en la que se basó su auto del 1 de marzo-, que establecía que "conforme evolucionase su estado de salud se podrán imponer otras medidas de control y seguridad", todo ello "sin perjuicio de la reconsideración de la clasificación penitenciaria" del interno que como máximo debe realizarse cada seis meses.
